Las dificultades de jóvenes sin papeles de FP parar hacer prácticas en empresas
A pesar de las disposiciones de la administración para proteger el derecho a formarse de cualquier joven, nacional o extranjero, con o sin papeles, los colectivos más vulnerables se encuentran con dificultades para realizar prácticas. La ley de FP, aprobada en 2022, establece un periodo de formación en la empresa de 510 horas en los ciclos generales y de 1.000 horas en la modalidad dual intensiva (con remuneración para el alumno). Son obligatorias para obtener el título, pero para las empresas es voluntario ofrecerlas. Algunas muestran reticencias ante candidatos que no tienen NIE por la posibilidad de tener problemas.
Pueden realizar prácticas aquellos estudiantes dados de alta en la Seguridad Social, para lo que se requiere un pasaporte en regla y no es necesario el NIE. Este es el caso de John Robert Cebolledo y Maira Obando, buenos estudiantes, con ganas de continuar estudiando en la universidad, pero que se han encontrado con dificultades para hacer prácticas.
El secretario general de FP en Catalunya, Francesc Roca, explica a La Vanguardia que el departamento está preparando una resolución para dar más seguridad jurídica a las empresas mediante la contratación de seguros privados de responsabilidad civil. Añade que, según cálculos de Educación, la incidencia se limita a una treintena de estudiantes.
John (Lima, Perú, 2003) llegó a España para vivir con su madre, después de haber cursado el bachillerato en su país. En los dos últimos años ha cursado el ciclo de ingeniería civil en un instituto de l’Hospitalet de Llobregat. Su nota es muy buena, por lo que el tutor lo derivó a un puesto de organización y control de obra en una gran constructora. “Pasé todo el proceso de selección, me habían asignado una obra, pero al formalizar el contrato vieron que no tenía NIE y me dijeron que volviera cuando lo tuviera”. Su ilusión se vio frustrada. Explicó que estaba tramitando los papeles y que, además, se acercaba una regularización del Gobierno (prevista para finales de ese mes), pero no fue posible.
John encontró después unas prácticas en una pequeña empresa de reformas, a la que está muy agradecido. Su idea de futuro es prepararse para las pruebas de acceso a la universidad (PAU) y matricularse en Ingeniería. Sin embargo, el próximo año tendrá que trabajar si es aceptado en el proceso de regularización.
“Estos chicos tienen muchas ganas, pero se encuentran con el miedo de las empresas. Algunas, no todas, no quieren problemas”, confirma María Prat, coordinadora del programa Migrant-Up de la Fundación BarcelonActua. “Y algunos tutores se desgastan buscando empresas, pero otros les ofrecen, de entrada, la alternativa de un trabajo teórico”.
En teoría, este proyecto realizado en el centro educativo les permite titularse si se recogen las competencias que habrían adquirido en el trabajo. “Pero esto no es así –afirma Prat–. Trabajar en una empresa es aplicar tus competencias, relacionarte con otros compañeros, tener la posibilidad de que te conozcan. Esto es muy importante y no lo sustituye un trabajo en el instituto”.
Esta es la opción que le ofrecen a Maira (Quindío, Colombia, 2004) en su instituto de Rubí después de haber cursado el ciclo superior de integración cultural, compaginándolo con trabajos de limpieza. “Mi tutora de prácticas me recomendó que hiciera un proyecto. Pero yo quiero hacer prácticas porque así es como se aprende”, afirma la estudiante, que también espera el decreto de regularización.
Maira está tramitando el número con la fundación. Está claro que no podrá hacer prácticas este trimestre. Las realizará el próximo año, aplazando las PAU para acceder a Psicología en 2027.
“Algunos profesores ayudan a los alumnos a darse de alta en la Seguridad Social, pero otros no, o no conocen la normativa. Estos chicos no son una excepción. Tampoco suelen acceder a la formación dual intensiva, que es remunerada”, concluye Prat.
Ver fuente original